San sebastián. DV. EA y ERC coincidieron ayer en San Sebastián en acusar al PSOE de haber «cerrado la puerta a cualquier posibilidad de avance» para aplicar el derecho a decidir. El congresista de ERC Joan Puig y la congresista saliente de EA Begoña Lasagabaster arroparon la presentación de los candidatos del partido vasco al Congreso por Gipuzkoa y Álava, Nekane Altzelai y Santi Merino, respectivamente.
Su análisis de la legislatura pasada lleva a Puig a concluir que «el futuro pasa por crear mayorías sociales en nuestros pueblos para poner en práctica el derecho a decidir». Una mayoría que Altzelai da por asentada en Euskadi. La candidata aseguró que «la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos consideran agotado el actual marco político y exigen que se respete su derecho a decidir», e instó a socialistas y populares «aceptarlo y respetarlo», porque «la convivencia empieza por el reconocimiento del otro».
«Nada del PP»
No obstante, Altzelai reconoció que, del PP, no esperan «nada», mientras que el PSOE «ha calcado miméticamente, y de forma sibilina, la misma estrategia del Gobierno de Aznar». La candidata de EA lamentó que «el juego de palabras del lema de Zapatero 'vivimos juntos para decidir juntos' significa no reconocer al pueblo vasco como sujeto político».
No obstante, Altzelai reconoció que, del PP, no esperan «nada», mientras que el PSOE «ha calcado miméticamente, y de forma sibilina, la misma estrategia del Gobierno de Aznar». La candidata de EA lamentó que «el juego de palabras del lema de Zapatero 'vivimos juntos para decidir juntos' significa no reconocer al pueblo vasco como sujeto político».
Lasagabaster, en su repaso de la legislatura pasada, recordó que Zapatero afirmó al principio de la misma que los independentistas iban a estar «tan cómodos que les iba a costar defender la independencia». La congresista saliente dijo que sin embargo se han sentido «incómodos por la cerrazón total y absoluta del gobierno a debatir el derecho a decidir».
Altzelai prometió «seguir insistiendo» en Madrid en la defensa de «un principio democrático, el derecho a decidir». Con la «firme convicción» de que «la solución al conflicto no pasa por una descentralización de las competencias», rechazó un nuevo estatuto porque «no se trata de reformar, sino de buscar un nuevo marco político que recoja el derecho a decidir».
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